Democracia & gobernanza de la IA
Por qué la ruptura entre Estados Unidos y China está produciendo Estados de vigilancia en todo el Sur Global, y por qué se está cerrando la ventana para cambiar el rumbo
Va una predicción que nadie en Washington ni en Pekín quiere escuchar: la mayor amenaza para la democracia en la próxima década no es una ideología ni un movimiento político concreto. Es la política fragmentada de IA — el mosaico caótico y descoordinado de regulaciones, no regulaciones y reclamos jurisdiccionales enfrentados que hoy define la forma en que la mayoría de las naciones del planeta aborda la inteligencia artificial. Esta fragmentación no es una molestia pasajera. Es el mecanismo por el cual la gobernanza democrática se vacía por dentro y queda sustituida, de manera gradual y a menudo invisible, por el control autocrático.
Y ya está ocurriendo.
Cuando hablamos de «política fragmentada de IA» no nos referimos a la ausencia de política pública. Nos referimos a lo contrario: a la proliferación de políticas que compiten entre sí, dictadas por organismos que compiten entre sí, al servicio de intereses políticos enfrentados y sin ningún marco de coordinación. Las causas varían de un país a otro, pero el patrón es notablemente constante. En casi todos los casos, la fragmentación responde a tres fuerzas que se entrecruzan.
Primero, la ruptura geopolítica entre Estados Unidos y China obliga a las naciones a elegir lo inelegible. Estados Unidos ofrece acceso a mercados, capital de riesgo e infraestructura en la nube de Google, Microsoft, Amazon y NVIDIA — pero con condiciones que privilegian los intereses corporativos estadounidenses y la extracción de datos. China ofrece hardware asequible, infraestructura de telecomunicaciones de Huawei y sistemas de IA que llegan con arquitecturas de vigilancia incorporadas. Las naciones que intentan relacionarse con ambos lados ven cómo su aparato de política pública es arrastrado en direcciones contradictorias, con distintos ministerios alineados con distintos padrinos.
Segundo, la competencia entre instituciones nacionales genera fragmentación interna. En Indonesia, por ejemplo, hoy no existe una regulación paraguas sobre IA. En su lugar, el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales redacta una hoja de ruta de IA, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) se ocupa de la evaluación tecnológica, la Comisión de Protección de Datos Personales aplica la ley de privacidad y treinta y nueve ministerios y organismos distintos contribuyeron a un documento técnico nacional sobre IA — algo que suena colaborativo, pero que en realidad revela cuántos centros de poder rivales conviven. Una vez publicada la hoja de ruta, cada ministerio deberá redactar sus propias directrices de IA. Eso no es coordinación. Es fragmentación por diseño.
Tercero, el poder de presión de las corporaciones tecnológicas globales hace que la política que finalmente surge tienda a servir a los intereses empresariales antes que a los de la ciudadanía. En países donde la capacidad regulatoria ya está al límite, una sola campaña de lobby bien financiada puede moldear una ley — o impedir que se apruebe. El resultado es que la voz más fuerte en cualquier conversación sobre política de IA rara vez es la de quienes más van a sufrir sus consecuencias.
La conexión entre política fragmentada y autocracia en ascenso no es abstracta. Opera mediante un mecanismo preciso.
Cuando un país carece de una gobernanza coherente de la IA, no puede negociar con eficacia frente a las superpotencias tecnológicas. No puede fijar condiciones de soberanía de datos, transparencia algorítmica ni protección ciudadana. En cambio, acepta las condiciones que le ofrezca la superpotencia que tenga enfrente. Esas condiciones incluyen invariablemente infraestructura de vigilancia — ya sea el modelo estadounidense de extracción corporativa de datos o el modelo chino de monitoreo estatal. A menudo, los dos.
Ambos lados de la ruptura entre Estados Unidos y China desembocan en la vigilancia de la ciudadanía. El modelo estadounidense concentra los datos en manos de corporaciones privadas que rinden cuentas a sus accionistas, no a los ciudadanos. El modelo chino los concentra en manos del Estado. Ninguno de los dos entrega a las personas la propiedad de sus propios datos.
La pregunta sobre la vigilancia no es «¿ocurrirá?», sino «¿quién la operará?». Y en entornos de política fragmentada la respuesta es: quien llegue primero, con las condiciones que elija, y para siempre.
Esto nos lleva al aspecto más peligroso de la política fragmentada de IA: el bloqueo tecnológico. Cuando un país adopta infraestructura de IA — plataformas en la nube, arquitecturas de datos, sistemas algorítmicos para la recaudación de impuestos, la salud, la educación y la seguridad pública —, esas decisiones se vuelven extremadamente difíciles de revertir. Los formatos de datos, las dependencias de API, los conjuntos de datos de entrenamiento, los flujos de trabajo institucionales construidos alrededor de plataformas concretas: todo eso crea dependencias de trayectoria que se endurecen con el tiempo.
Nuestro análisis sugiere que, a finales de 2027, cerca del 55–60 % de las decisiones de infraestructura de IA del Sur Global estarán bloqueadas. Para 2029, esa cifra supera el 80 %. Para 2030, la ventana se cierra por completo. Los marcos de gobernanza que las naciones adopten — o dejen de adoptar — en 2026 y 2027 determinarán si cuatro mil millones de personas viven bajo sistemas de IA democráticos o autocráticos durante toda una generación.
El bloqueo de la IA será mucho más determinante que el de las telecomunicaciones, por órdenes de magnitud, porque los sistemas de IA no se limitan a transmitir información: toman decisiones. Definen quién recibe un préstamo, quién consigue empleo, a quién señala la policía, quién accede a la atención médica. Cuando esos sistemas quedan encerrados en arquitecturas autocráticas, la autocracia se refuerza a sí misma y, a efectos prácticos, se vuelve permanente.
Indonesia ilustra una dimensión de este problema que casi no recibe atención: el nivel subnacional. Indonesia no es solo un país de 280 millones de personas. Es un país de unos 500 distritos («kabupaten»), cada uno gobernado por un bupati (regente) con una autoridad administrativa considerable — y cada uno ligado a estructuras partidarias que mantienen sus propias relaciones con los proveedores de tecnología y sus propios incentivos para vigilar.
Mientras Yakarta debate la política nacional de IA, las decisiones reales sobre qué sistemas de IA gobernarán la vida cotidiana se toman en el ámbito distrital. Un bupati que adopta un sistema de reconocimiento facial de origen chino en nombre de la «seguridad pública» ha tomado una decisión de gobernanza que afecta a millones de personas — y esa decisión puede no responder a la política nacional, sino al clientelismo partidario, a vínculos personales con proveedores tecnológicos o a simples comparaciones de costos que ignoran las consecuencias para la soberanía a largo plazo.
Esta fragmentación subnacional es el lugar donde la democracia muere más en silencio. Nadie convoca una conferencia de prensa para anunciar que el distrito X ha adoptado infraestructura de vigilancia. Ningún medio internacional cubre la lenta acumulación de sistemas de IA en cientos de gobiernos locales. Y sin embargo, el efecto acumulado es que, para cuando la política nacional se ponga al día, la base instalada de infraestructura de IA autocrática puede ser ya demasiado grande y estar demasiado incrustada como para desmontarla.
Lo que vale para Indonesia vale también, con variaciones locales, para todo el Sur Global. En México, los gobiernos estatales y municipales toman decisiones de compra tecnológica que pueden alinearse o no con las ambiciones federales en materia de IA. En Tailandia, las administraciones provinciales tratan directamente con empresas tecnológicas chinas. En Perú, los gobiernos regionales enfrentan las mismas decisiones con todavía menos capacidad institucional para evaluarlas.
Para los medios comprometidos con la democracia, esta no es una historia sobre tecnología. Es la historia democrática de la década. La pregunta de quién gobierna la IA es la pregunta de quién gobierna, sin más. Y ahora mismo, la respuesta que se está escribiendo en todo el Sur Global — a falta de una política coherente, en los huecos entre organismos fragmentados, en las silenciosas decisiones de compra de los gobiernos distritales — es: la ciudadanía no.
Los dos bandos conducen al mismo destino. Un país que entrega sus datos a corporaciones estadounidenses y un país que acepta infraestructura de vigilancia china han tomado, en el fondo, la misma decisión: ceder a una potencia externa la gobernanza ciudadana de la IA.
La AI Middle Way Coalition — que reúne a Tailandia, Indonesia, México, Perú y una red creciente de socios — busca demostrar que un tercer camino es posible. Un camino que se relacione con los ecosistemas de IA estadounidense y chino sin subordinarse a ninguno. Que exija soberanía de datos, transparencia algorítmica y gobernanza ciudadana como condiciones innegociables para adoptar tecnología. Y que aborde de frente el desafío subnacional, construyendo marcos de gobernanza que lleguen más allá de las capitales nacionales, hasta los niveles distrital y provincial donde realmente se toman las decisiones de infraestructura.
La Declaración de Bangkok, firmada el 29 de abril de 2026, formalizó este compromiso entre las naciones fundadoras. Pero la Declaración por sí sola no basta. Hace falta que los medios y los gobiernos democráticos de todo el mundo reconozcan que la política fragmentada de IA no es un inconveniente burocrático: es el mecanismo mismo de la erosión democrática. Y que la ventana para levantar alternativas ya no se mide en décadas, sino en meses.
Las decisiones de infraestructura que se están tomando ahora mismo — este año, este trimestre, en ministerios nacionales y oficinas distritales de todo el Sur Global — están escribiendo el código de gobernanza bajo el que vivirán cuatro mil millones de personas durante una generación. Si esas decisiones se toman en la fragmentación, bajo presión y sin coordinación, el resultado será la autocracia por omisión. No porque alguien la haya elegido, sino porque nadie organizó a tiempo la alternativa.
Craig Warren Smith es fundador del Digital Divide Institute, presidente de la AI Middle Way Coalition y coarquitecto del marco de la Declaración de Bangkok. Ha dedicado 25 años a la gobernanza tecnológica en el Sur Global, incluida la adopción de políticas nacionales en Tailandia e Indonesia.